MINUESA, 20 años después.

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Éramos tan jóvenes y Madrid era una ciudad tan baldía. No tanto como ahora, cierto, pero casi. El CSOA Minuesa, en el mismo corazón del centro administrativo, simbólico y económico del Estado español, tenía algo de ese lugar fuera del mundo en el que much@s deseábamos que el mundo se transformase. Eran los tiempos del movimiento de insumisión, de la construcción de lugares de resistencia y creatividad en los espacios abandonados / liberados de la ciudad; eran los tiempos en los que aún no habíamos leído a Marx y Bakunin –o casi-, pero La Polla Records ya se había ocupado del grueso de nuestra educación política esencial.  Eran otros tiempos, pero no sé por qué –acaso porque hoy me siento un punto nostálgico- considero que aún merecen ser recordados. Nuestra voluntad de ruptura también se nutre de la continuidad con las rebeliones pasadas.

¡Un desalojo, otra ocupación!

[Diego L. Sanromán]

* * *


Minuesa: una ocupación con historia – Javier Corcuera (1994)

Durante el verano de 1988 se iniciaron los conflictos en tre patronal y trabajadores ante la inminente declaración de quiebra de la imprenta “Hijos de E. Minuesa S.L.”.
 La imprenta Hijos de E. Minuesa S.L., situada en Ronda de Toledo nº 24, fue fundada en 1848 como Imprenta Central de los Ferrocarriles. En su dilatada historia se convirtió en una de las empresas más importantes en su sector, trabajando para las universidades Autónoma, Complutense y UNED, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, las editoriales Alianza, Istmo, Cincel, Fondo de Cultura Económica y Pirámide, RENFE y el Ministerio de Trabajo y Justicia.
 La crisis de la imprenta comenzó a mediados de los setentas, cuando Hijos de E. Minuesa tuvieron que hacer frente a unas deudas acumuladas por otra imprenta, propiedad de Rafael Martínez Minuesa, director, por aquel entonces, de la imprenta Minuesa, quien posteriormente dimitiría dejando una deuda de unos doscientos millones de pesetas a Hijos de E. Minuesa. A partir de este momento la imprenta comenzó a abandonarse. Las deudas aumentaban hasta tal punto -según los trabajadores- que Hacienda embargó un parte del solar de la finca, valorado en cerca de cuarenta y seis millones de pesetas.
 El 20 de abril de 1988 los trabajadores y las trabajadoras de Minuesa conocieron el Plan de Ordenación Urbana de Madrid, dentro del cual se contemplaba que el solar de la imprenta sería convertido en un edificio de viviendas, según quedaba expuesto en los paneles de la Gerencia de Urbanismo.
 El 15 de julio la patronal notificó a los trabajadores y las trabajadoras la existencia de un posible comprador, INTRASE S.A., que pagaría cuatrocientos millones de pesetas por la imprenta, siempre que se encontrarse libre de personal así como de cargas y gravámenes.
 La imprenta entró en quiebra, según los propietarios, por falta de productividad y de encargos. En realidad, aunque los encargos si existían, estos eran desviados a otras imprentas de la misma empresa, para que así Minuesa entrase en quiebra.
 Ante el inminente cierre de la imprenta, durante los meses de verano los trabajadores y trabajadoras de Hijos de E. Minuesa S.L. ocuparon los locales de la imprenta, encerrándose en ellos para reivindicar sus puestos de trabajo; y en caso de cierre las indemnizaciones. Estas no las quería pagar la dirección argumen-tando la quiebra.
 La ocupación de las dependencias de la imprenta por parte de los trabajadores y las trabajadoras suponía un aval para asegurarse las indemnizaciones.
 Durante los tres meses que duró el encierro las trabajadoras y los trabajadores realizaron otras movilizaciones, como cortes de tráfico, pegadas de carteles, concentraciones y otras… Es durante este período cuando las trabajadoras y los trabajadores de Minuesa entraron en contacto con la gente que durante ese mismo período okupaba la antigua fábrica de Metal- Mazda en la calle Arregui y Aruej nº 13, en la zona del Puente de Vallecas. Los y las okupas se solidarizaron con los y las ocupantes de la imprenta ante la evidente acción especulativa que se estaba llevando a cabo con el terreno en el que se encontraba la imprenta. Okupas y trabajadores y trabajadoras llevaron a cabo algunas acciones conjuntas como la toma de la Puerta de Toledo y algunos cortes de tráfico.
 Al comienzo del Otoño la Magistratura de Trabajo dio la razón a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajado-ras de Minuesa, embargando la imprenta, el edificio y la maquinaria propiedad de la empresa, para así hacer cobrar la indemnizaciones. Con esta resolución de la magistratura finaliza-ron las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, quienes abandonaron el encierro.
 El día 30 de agosto, había sido desalojada la Kasa Popular de Arregui y Aruej, tras cien días de okupación. En este lugar residían más de una veintena de jóvenes que tras el desalojo quedaron sin vivienda.
 Poco después de terminar el encierro en Minuesa, algunos y algunas de los y las okupas desalojados en agosto entraron en algunas de las viviendas de Minuesa, que se encontraban sobre los locales de la imprenta. En algunos de estos pisos aún quedaban inquilinos de renta antigua, siendo esta la primera okupación en el municipio de Madrid en la que inquilinos legales compartían edificio junto a okupas.
 Okupas e inquilinos hicieron causa común, ya que estos últimos no querían ser desalojados del edificio por la propiedad que quería especular con el terreno. Los propietarios de la imprenta pusieron una denuncia por ocupación ilegal, no llegando ésta a prosperar ya que el edificio continuaba embargado por la magistratura que aún no había pagado a los trabajadores y las trabajadoras. Los propietarios, con las manos legalmente atadas, hicieron frente a la situación vendiendo todo lo que había en el edificio: maquinaria, papel, metales de impresión, mobiliario etc. Durante esta acción se causaron desparfectos a ventanas, escaleras y tejado, además de dejar abandonados materiales altamente inflamables como tintas, maderas, papel viejo…
 El dia 1 de agosto de 1989 se declaró un incendio en la imprenta, según afirmaron okupas y vecinos este incendio fue intencionado. La rápida acción del Cuerpo de Bomberos, con la ayuda de okupas y vecinos, hizo que el fuego no se extendiera hasta los productos inflamables, los cuales se encontraban abandonados justo debajo de las viviendas. Tras el siniestro inquilinos y okupas denunciaron en el Juzgado a la empresa Hijos de E. Minuesa S.L. por presunción cierta de incendio provocado y negligencia temeraria.
 Haciendo caso omiso la empresa Minuesa a la petición formulada por el Ayuntamiento de Madrid para que esta limpiara las estancias de la antigua imprenta, vecinos y okupas llevaron a cabo esta labor ante el peligro que entrañaba la existencia de los materiales inflamables.
 Desde finales de 1988 la propiedad de Minuesa no cumplía los deberes que tenía con los antiguos inquilinos de renta antigua, ni con el bar-tienda que en régimen de alquiler se encontraba en la planta baja y, que de acuerdo con la legislación vigente, debería cumplir: No cobraba los alquileres, no pagaba el importe correspondiente a luz y agua de la escalera y no arreglaba los desperfectos. En conclusión, se desentendían del edificio.
 Aunque el edificio fue dañado en el incendio y durante el traslado de la maquinaria por parte de la propiedad, éste no fué declarado en ruina, ya que el fuego sólo afectó superficialmente a la nave anexa al edificio principal y la construcción y solidez del edificio no presentaban peligro para la habitabilidad de éste.
 Aunque el ayuntamiento de Madrid instó a la propiedad a reparar los defectos ocasionados, según lo ordena la legislación urbanística, ésta hizo caso omiso de las leyes. Tampoco el Ayuntamiento expropió el inmueble ni realizó las obras necesa-rias, como ordenaban las leyes, en caso de que la propiedad se negase a ello.
 La propiedad del edificio estaba en estos momentos en manos de la inmobiliaria EDICOL S.A., inmobiliaria constituida, según los y las okupas, por parte de los socios de Minuesa, que autocompraron la propiedad por una baja cantidad, dejando así fuera al resto de los socios.
 Según los planos consultados, por los y las okupas, en la Junta Municipal de Arganzuela, en el solar de Minuesa se pretendía levantar un edificio de apartamentos con zonas verdes y bajos comerciales.
 Durante los dos años siguientes a la okupación de los pisos de la imprenta, el número de personas que allí entraron fue aumentando hasta que la casi totalidad del edificio estuvo habitada.
 Una vez acondicionados los espacios, no destinados a vivienda, de la antigua imprenta fueron utilizados para albergar en su interior lo que se llamó el Centro Social Autogestionado Minuesa, un centro cultural abierto al barrio en el que de una manera asamblearia se realizaron numerosas actividades al margen de las instituciones culturales estatales: Jornadas de carácter político y social, en las que participaron diversos colectivos sociales entre las cuales podemos destacar las jornadas de aprendizaje antiautoritario, jornadas contra la guerra, jornadas anti-GAL, jornadas sobre los movimientos sociales ante el problema de la vivienda, semana cultural contra la explotación y el consumo etc; reuniones de grupos de jóvenes relacionados con el movimento alternativo y la izquierda extraparlamentaria que trataban diversos temas sociopolíticos como el antimilitarismo, el feminismo, el sindicalismo, la solidaridad, el internaciona-lismo, el problema de la especulación y la vivienda, el colecti-vismo, el antirracismo, la problemática de las drogas, la homosexualidad, el antifascismo… ; charlas, vídeos, debates y exposiciones sobre temas de actualidad social; actos de solidari-dad; actuaciones de teatro y música rock, folk, flamenco, clásica etc; actividades infantiles como chocolatadas, pasacalles, teatro, guiñol etc.; talleres y escuelas de lenguas árabe, alemán, euskera, de teatro, de danza, de canto, de autodefensa, de serigrafía etc. Estas actividades eran realizadas en espacios que fueron acondicionados para ese uso. Había varios tipos de locales: Locales de ensayo (música, teatro, danza, canto…), locales de reunión para los grupos de jóvenes anteriormente mencionados así como para otros grupos de base: Madres contra la droga, asociaciones de inmigrantes, grupos ecologistas…, sala de teatro, sala de conciertos, gimnasio, bar-café, comedor popular, taller de serigrafía…
 En el verano de 1991 llegó la primera amenaza de desalojo a los y las okupantes de Minuesa, que realizaron una campaña informativa para dar a conocer a la opinión pública su situación. Hubo una estrecha cooperación entre los y las okupas de Minuesa y las tiendas de campaña de Palomeras y Usera (Campamentos improvisados de vecinos y vecinas sin vivienda que utilizaron este método como protesta y forma de llamar la atención ante la sociedad, para presionar a las instituciones públicas y exigir una solución al problema de la vivienda). Por parte del Ayunta-miento, según nos cuentan los y las okupas, se puso en marcha una campaña de hostigamiento hacia el C.S.A. Minuesa, con amenazas del concejal del distrito de Arganzuela, intimidaciones efectua-das por la Policía Municipal, etc. Un domingo del mes de agosto se decidió colgar pacíficamente una pancarta en la Puerta de Toledo como protesta por la campaña de desacreditación y hostigamiento que estaban ejerciendo sobre el Centro Social Okupado tanto la propiedad de Minuesa como el Ayuntamiento de Madrid. Esta acción culminó con una carga efectuada por la Policía Municipal que impidió que se colgase la pancarta aunque no efectuó detenciones. Varios y varias de las contusionadas en la carga policial presentaron denuncia, razón por la que los agentes municipales involucrados en el asunto, al enterarse de que habian sido denunciados fueron horas más tarde al C.S.A. Minuesa para detener a alguien con el fin de poder acusarlo y jusificar así las denuncias contra ellos. Tras efectuar una nueva carga sin motivo alguno frente a las puertas de Minuesa contra aquellas personas que allí se encontraban fueron detenidos Pedro Luis Pérez y Luis Moles tras ser golpeados de una forma despro-porcionada, como así recogieron en imágenes los reporteros del diario El Independiente que se encontraban allí. Una vez dentro de la comisaría los detenidos fueron objeto de malos tratos, como así denunciaron posteriormente.
 Se celebra un juicio en el que el juez falló a favor de Luis condenando a cuatro agentes locales a cinco días de inhabilita-ción y a pagar 100.000 pts por las lesiones ocasionadas. Pasan dos años y aparece un policía del que nadie sabía nada y que no estuvo implicado en los hechos, denunciando que Luis le había roto diez dientes al arrojarle un banco (previamente arrancado del suelo) a la cara, acusación irrisoria teniendo en cuenta dos cosas principalmente, la primera es que si realmente el policía hubiera sido golpeado con el banco en la cara (estos bancos pesan unos 55kg) las lesiones habrían sido mucho más importantes que la rotura de unos dientes, (más bién parece el típico caso de tropezar y caer de bruces). La segunda es que se necesita una grúa para arrancar un banco inmovilizado en el suelo mediante cemento. La jueza (claramente a favor de la Policía), condenó al acusado Luis Moles a un año por atentado y a dos años cuatro meses y un día de prisión por lesiones. A Pedro L. P. a un año de prisión por atentado.

 La propiedad intentó negociar con los y las okupas el abandono de Minuesa a cambio de cinco millones de pesetas, los y las okupas rechazaron la oferta. Aún así la propiedad hizo un nuevo intento ofreciéndoles que fijasen la cantidad que querían por marcharse. Una vez más los y las okupas rechazaron el ofrecimiento. Ese mismo verano de 1991 las y los okupas de Minuesa presentaron ante el juez un interdicto que tenía como objetivo el reconocimiento de posesión de la finca por ellas y ellos. También se presentó una denuncia contra el Ayuntamiento y la empresa propietaria del edificio por intento de desalojo ilegal por parte del Ayuntamiento y por dejar que se deteriorase el inmueble por parte de la propiedad.
 El 4 de enero de 1993 la titular del Juzgado 45 de lo Civil dictó sentencia ordenando el desalojo de las y los okupas que vivían en las viviendas de la antigua imprenta de Minuesa, pero no fijó fecha para que se efectuara tal desalojo.
 A principios de julio de 1993 salió la resolución al interdicto que había sido presentado dos años antes, siendo el resultado favorable a las peticiones de los y las okupantes. La resolución aceptó el “derecho a posesión” de la finca por contrato verbal a siete personas, una por cada uno de los pisos okupados, por llevar allí viviendo cinco años. También se advirtió al Ayuntamiento de la resolución para que no se perturbase la “paz vecinal”.
 A finales de septiembre de 1993 se inauguró la macro-comisaría del distrito de Arganzuela situada en el edificio colindante al “Centro Social Okupado Minuesa”. La proximidad entre okupas y policía no creó ningún problema durante el tiempo que la okupación duró, hasta el desalojo y derribo de la antigua imprenta.
 El día 17 de marzo de 1994 el Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Madrid dictó el desalojo contra siete personas de las que okupaban el inmueble de Minuesa, quedando teórica y legalmen-te eximidas de esta resolución el resto de personas que okupaban el edificio.
 El abogado de los y las okupas, Francisco García Cediel, presentó un recurso contra la decisión judicial “por defecto de forma” ya que se temía, como así sucedió, que propiedad y Ayuntamiento aprovecharan la orden de desalojo de las dichas siete personas para desalojar el edificio completo.
 Durante los meses que transcurrieron hasta el desalojo definitivo del Centro Social Minuesa y sus viviendas, los y las okupas realizaron diversas campañas de información pública como manifestaciones, concentraciones, fiestas, ruedas de prensa, etc. para dar a conocer la situación existente y para criticar la especulación que, según ellos y ellas, se estaba produciendo en el distrito de Arganzuela y el barrio de Peñuelas. Se consiguió apoyo de otros centros sociales okupados como el de Seco o el de Pablo Neruda, así como de distintos colectivos sociales de base: Madres contra la Droga, grupos ecologistas, asociaciones de inmigrantes y vecinos y vecinas de forma individual.
 El miércoles 18 de mayo de 1994, en medio de un fuerte dispositivo policial, que contaba con algo más de cien agentes de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios), unos treinta efectivos de la Policía Nacional y veinte agentes de la Policía Municipal, así como un helicóptero, ambulancias, una dotación del Parque de Bomberos y una unidad de “laceros” de la Perrera Municipal, se llevó a cabo el desalojo de la totalidad de la finca que ocupaba Minuesa.
 Cerca de las 9 horas, por la mañana, comenzaron a producirse enfrentamientos entre policías y personas que se habían concen-trado para apoyar a los y las okupas, al intentar estas personas llegar en manifestación hasta el inmueble de Minuesa, que había sido acordonado, impidiéndose el paso de toda persona que no estuviese autorizada. Los disturbios se extendieron durante más de cuatro horas por las zonas de Lavapiés, Embajadores y Atocha, dando como resultado dos personas heridas, veintidós detenidas y numerosas contusionadas. Una vez finalizados los disturbios, se siguieron produciendo detenciones policiales hasta bien entrada la tarde.
 A las 10:00 horas, la Policía comenzó a desalojar el edificio, tarea que les llevaría más de dos horas. En el interior se encontraban ciento diecisiete personas, cuarenta de las cuales eran los y las okupantes habituales de las viviendas. Los y las okupas ofrecieron una resistencia pasiva al desalojo, dificultan-do éste con la colocación de objetos que entorpeciesen la labor policial. Las personas desalojadas fueron cacheadas (registradas a fondo) e identificadas dejándolas posteriormente abandonar el lugar. Uno de los okupas resultó herido en la cabeza por lo que fue trasladado al hospital Doce de Octubre.
 Uno de los abogados de las y los okupas, Francisco García Cediel, afirmó que se había cometido “una arbitrariedad importan-te” ya que la orden de desahucio no afectaba a la totalidad de las personas que okupaban el edificio. La otra abogada, Florentina Carrasco, denunció la “brutalidad policial” durante el desalojo, en el que, según los y las okupas, fueron maltratados y maltrata-das física y psíquicamente por la Policía, así como que se les grabó, ilegalemente, en vídeo y se les hizo una ficha policial también ilegal. Ambos defensores, García Cediel y Carrasco, se quejaron porque no se les permitió estar presentes durante la operación policial (las Fuerzas de Seguridad del Estado no garantizaban su seguridad). Así mismo afirmaron que el Ayunta-miento y la empresa propietaria, en esos momentos Corporación Financiera Diversificada, habían actuado “de forma irregular, ya que no han esperado a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera el recurso presentado por los okupas”. Ambos letrados coincidieron que el desalojo producido por el Ayunta-miento y la empresa propietaria era fruto de la especulación que se ejerce en torno al solar de la antigua imprenta Minuesa, valorado éste en alrededor de mil millones de pesetas.
 El mismo día del desalojo, en diferentes ciudades del Estado Español y de Europa (de Alemania, de Holanda y de Italia) se celebraron actos de solidaridad con los y las okupas de Minuesa. Durante los días que siguieron al desalojo se produjeron diferentes concentraciones de apoyo a Minuesa, que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales, incluso llegó a haber un intento de reocupación del edificio por parte de tres jóvenes que vieron frustrado su intento por la intervención de los guardias jurados que estaban al cuidado del inmueble.
 Como colofón de estas movilizaciones, el día 17 de junio de 1994 se celebró una manifestación “Pro okupación” que bajo los lemas “Por el derecho a la vivienda y los centros sociales. Contra la especulación, okupación” convocó a unas mil quinientas personas. La manifestación fue convocada por más de treinta y cinco colectivos, sindicatos, partidos políticos, etc. de Madrid y era apoyada por colectivos de Pamplona, Galicia, Valencia, Zaragoza, Barcelona, y Sevilla. Al término de la manifestación fue ocupada la antigua fábrica PACISA en la Ronda de Atocha nº 35, con el fín de crear allí un nuevo Centro Social Okupado que diera continuidad al de Minuesa. Tras un mes de okupación también fue desalojado este centro social. Pocos días despúes se ocupó un almacén abandonado en la calle Bernardino Obregón nº 15-17 con el fin de continuar la labor emprendida por sus antecesores.
 Minuesa se convirtió en emblema y ejemplo del resto de okupaciones en Madrid.

FUENTE: Cartas Martín, Raquel; Ortiz Mateos, Manuel; de La- Rosa Municio, Juan Luis Cronología LA “OKUPACIÓN” COMO ANALIZADOR

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